Constituida la Plataforma por la gestión 100% publica del agua en Valladolid,

con la aprobación de un manifiesto en el que se exige al Ayuntamiento de Valladolid que adopte las medidas necesarias para la remunicipalizacion de la gestión del agua, mediante la creación de una empresa 100% publica

Nota de prensa 11-07-2016

Entendemos la constitución de esta Plataforma como una iniciativa transparente y de legitimo interés ciudadano, apartidista, pluralista e incluyente, para beneficiar el interés colectivo, con un esfuerzo responsable, lo que significa participar conscientes de que nuestra presencia contribuye significativamente al logro del objetivo final de la iniciativa. Con respeto a la diversidad de opiniones, visiones y creencias involucradas en el desarrollo de la Plataforma, y con igualdad de oportunidades de participación a las personas que están motivadas en involucrarse en el proceso.

Los integrantes iníciales de la Plataforma que suscriben el Manifiesto son:

• La Asociación Cultural Ciudad Sostenible
• Ingenieros Sin fronteras de Castilla y León
• FACUA-Asociación de Consumidores y Usuarios en acción
• Ecologistas en acción
• Federación Provincial de Asociaciones Vecinales Antonio Machado
• Asociación Vecinal Rondilla
• Izquierda Unida
• Si Se puede Valladolid
• Valladolid Toma la Palabra
• Valladolid Diversa

Los objetivos inmediatos:

1.- Lograr consenso ciudadano: identificar quienes en el municipio desean participar en la iniciativa. Divulgación de la Plataforma: no solo informativa, sino también una manera de motivar a la participación, a través de:

• Correo electrónico: pg100pav@gmail.com
• Petición en Change.org para firmar: https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-valladolid-por-una-gesti%C3%B3n-100-p%C3%BAblica-del-agua-en-valladolid
• Página web: https://pg100pav.wordpress.com/

2.- MANIFIESTO que se entregará al Ayuntamiento, respaldado por todas aquellas firmas que integren la Plataforma

MANIFIESTO

POR UNA GESTIÓN 100% PÚBLICA DEL AGUA EN VALLADOLID

El agua es esencial para la vida y debe considerarse como un bien común y un derecho humano básico, por lo que exige un modelo de gestión que no se subordine a la obtención del beneficio privado y que garantice la calidad del servicio, la eficacia, la solidaridad, la equidad, la transparencia, el control democrático de los operadores de los servicios de agua y la conservación de los ecosistemas acuáticos. Este modelo sólo puede ser garantizado plenamente a través de la gestión 100% pública del ciclo integral del agua.

Sin embargo, nuestros gobernantes están transformando los servicios del agua en negocios privados, bien a través de la concesión del servicio a empresas privadas (situación actual de Valladolid), a cambio de que éstas paguen un canon a la administración, bien mediante la constitución de empresa mixtas, de naturaleza público-privada, que comporta la asunción de responsabilidades por la entidad pública y la obtención de los beneficios por la empresa privada.

En ambos casos el accionariado privado ejerce la gestión del servicio, monopolizando la información y asegurándose la competencia exclusiva en la gestión de la sociedad y en particular las subcontrataciones, contrataciones y compras. Desaparecen así los concursos públicos y se aseguran grandes beneficios tanto por compraventa de bienes y servicios a empresas de su propio grupo mediante adjudicación directa como por la utilización de medios públicos de la concesión para trabajos particulares del propio concesionario como es el caso de Valladolid con la aquiescencia del propio Ayuntamiento que no solamente los ha tolerado sino que con su mirar para otro lado, los apoya.

De esta forma, en plena crisis, los beneficios directos e indirectos de estas empresas multinacionales se cargan sobre los recibos del agua que la ciudadanía paga cada vez más caros (en Valladolid, de acuerdo con los datos de la concejalía de Medio Ambiente, las tarifas del Agua se han incrementado en los años de la Concesión a Aguas de Valladolid en un 30%).

La actividad económica generada por el Ciclo del Agua en Valladolid, de acuerdo con el informe elaborado recientemente por el Ayuntamiento, representa unos beneficios medios anuales de 2,66 millones de euros, a los que debe sumarse el canon concesional que asciende a 6,39 millones de euros. Si a esto se añaden los beneficios obtenidos por las empresas del Grupo AGBAR (al que pertenece Aguas de Valladolid) a través de subcontrataciones directas efectuadas por Aguas de Valladolid y del empleo de medios materiales y humanos propios de la concesión, difíciles de evaluar por la opacidad del actual concesionario en su gestión, podría decirse que la actividad del Ciclo Urbano del Agua en Valladolid produce unos excedentes anuales próximos a los 10 millones de euros. Se trata pues de una actividad rentable con la que, de acuerdo con el informe municipal antes citado, es perfectamente posible hacer frente a las inversiones necesarias para renovar y mantener las infraestructuras del Ciclo del Agua sin tener que recurrir a financiamientos externos.

Han pasado 19 años desde que se impusiera la privatización de la gestión del ciclo integral del agua en Valladolid mediante la Concesión a Aguas de Valladolid. Teniendo en cuenta que en 2017 finaliza dicha concesión, los ciudadanos de Valladolid nos encontramos ante la oportunidad histórica de recuperar, a coste cero, la gestión del servicio (oportunidad que no se presentará, posiblemente, en otros 20 años más). Es esta una cuestión tan importante para Valladolid que, de acuerdo con los programas electorales de los partidos políticos integrantes del actual gobierno municipal en Valladolid, bien merecería ser sometida a una consulta popular, devolviendo a los ciudadanos la capacidad de decisión que le fue hurtada en su momento, en esta materia específica.

Con la crisis económica los procesos de privatización se están incrementando, pero también han crecido las luchas ciudadanas contra la privatización a través de plataformas o coordinadoras que aglutinan a la sociedad civil contra la voracidad y la desfachatez de muchos de nuestros gobernantes.

Por todo lo anterior es por lo que, las organizaciones abajo firmantes, partidos políticos, asociaciones de vecinos y consumidores, organizaciones sociales, sindicatos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y demás entidades y ciudadanos que suscriben este documento, hacen público ante la ciudadanía su compromiso por una gestión 100% pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la ciudad de Valladolid que para ser efectiva, debería estar basada en los siguientes principios:

1. Asumimos el derecho humano al agua y saneamiento, en los términos definidos por las Naciones Unidas, que lo configuran como un derecho de prestación que deberán garantizar los poderes públicos, a través de un servicio público, guiado por los principios de igualdad, equidad, realización progresiva y no discriminación, a través de una gestión sostenible, participativa, transparente, con acceso a la información y con rendición de cuentas. En relación con lo anterior, se garantizará el suministro de una dotación mínima, cuyo valor se determinará justificadamente por el Ayuntamiento de Valladolid, asumiendo el compromiso de no cortar el suministro en casos de impagos justificados social y económicamente. Consecuentemente, la política tarifaria a adoptar tendrá en cuenta el compromiso anterior y, en todo caso, se basará en criterios de equidad, universalidad, progresividad y estabilidad social, económica y ambiental.

2. Consideramos que en la medida que el agua es un bien público y que los servicios de abastecimiento y saneamiento se vinculan a derechos humanos y de ciudadanía, la gestión del ciclo integral del agua no debe realizarse desde la lógica del mercado, bajo criterios y prioridades de negocio privado, sino desde la gestión sin ánimo de lucro por medio de una empresa pública con capital 100% municipal, como un servicio de interés general y que cualquier excedente que se produzca en la gestión del Ciclo deberá dedicarse a garantizar la gestión eficiente del servicio, su mejora y la sostenibilidad del mismo.

3. Apostamos por una gestión orientada al uso sostenible del agua. Se establecerá como línea estratégica tanto el cumplimiento de los estándares más exigentes de calidad del servicio como la reducción del volumen de agua de abastecimiento, a través de políticas rigurosas de eliminación de pérdidas en la red y de campañas de reducción de la demanda.

4. Entendemos que no basta con defender la gestión pública, sino que esta debe regirse por los principios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa que garanticen la participación ciudadana efectiva en el funcionamiento de la empresa pública que gestione el Ciclo Integral del Agua en Valladolid.

5. Consideramos asimismo, que un servicio de alta calidad precisa de un personal suficiente y cualificado, con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el personal que participe en la gestión cotidiana del servicio. Consideramos necesaria la subrogación del personal que actualmente trabaja en la concesión.

Finalmente nos comprometemos a hacer lo necesario para que las leyes y normas vigentes se adapten a los compromisos del presente acuerdo. En particular exigimos que se deroguen los artículos de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que favorezcan la privatización de los servicios municipales entre los que están los de saneamiento y abastecimiento.

Valladolid a 11 de julio de 2016