Ya se han recogido más de 400.000 firmas, pero es necesario llegar antes de diciembre a 500.000 para proponer en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley de Extranjería con el propósito de facilitar el acceso al trabajo de las personas inmigrantes que residen desde hace años en el país

Lunes, 10 de octubre de 2022

«Conseguir un mundo más justo e igualitario». Esa es una de las principales motivaciones que han llevado a la Asociación Vecinal Rondilla y la Fundación Rondilla a colaborar con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por diferentes organizaciones e individuos a nivel estatal para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. «Personas que», subrayan, «llevan mucho tiempo en nuestro país pero que, a causa de la Ley de Extranjería, no pueden ser contratadas para trabajar». El objetivo es que la modificación de dicha ley se aborde en el Congreso de los Diputados, para lo que se han recogido ya más de 400.000 firmas, aunque es necesario llegar a las 500.000 antes de diciembre.

«Es imprescindible impulsar una regularización extraordinaria, tan factible como las nueve que ya han promovido diferentes gobiernos de PP y PSOE desde 1996», insisten desde la Asociación Vecinal Rondilla y la Fundación Rondilla, porque «las personas inmigrantes en situación irregular viven día tras día y año tras año en la precariedad, privadas de derechos y expuestas a una inseguridad constantes». «La regularización extraordinaria permitiría visibilizar la totalidad de la población inmigrante que reside en el país, compensar las desigualdades y, a la vez, garantizar los derechos laborales, reduciendo las situaciones de abuso y explotación», explican.

«La reforma del Reglamento de Extranjería supone avances positivos, como la ampliación de la reagrupación familiar, pero no es suficiente», señalan desde la Asociación Vecinal Rondilla y Fundación Rondilla, «ya que se olvida de aspectos básicos como la regularización de personas que viven y trabajan en España desde hace mas de tres años, incluidos los menores de edad». Remarcan, además, que «en España residen de forma irregular unas 500.000 personas, según las últimas estimaciones, entre las que hay 125.000 niños y niñas, con los problemas que eso supone para garantizar los derechos básicos de la infancia».

«El Derecho Internacional sostiene que toda persona tiene derecho a cambiar su país de residencia, a pesar de que los hechos lo nieguen, con la construcción de muros y fronteras, y de la creciente negativa a la acogida de personas migrantes en toda Europa», comentan. «Además, en el caso de nuestro país, unos cuantos sectores de la economía están necesitando mano de obra que no encuentran en el Estado Español, y las estadísticas oficiales de población vaticinan que vamos a necesitar aún más personas provenientes de otros lugares en los próximos años debido a nuestra pirámide de población invertida», concluyen.